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La escuela pública asturiana registró en los dos últimos años casi 1.000 jubilaciones, en todas las etapas. Sin embargo, la Consejería de Educación sólo sacará a concurso 118 plazas de maestros en las oposiciones de este curso (además de 7 de inspectores), una cifra muy inferior al 30% de la tasa de reposición de vacantes que permite la ley de ajuste de la Administración y que es el referente utilizado por el Gobierno del Principado. A este recorte hay que sumar también el de las plantillas. Educación baraja prescindir de unos 300 profesores para el próximo curso. En torno a esta cifra se mueve el balance presentado por todos los sindicatos, porque la consejería aún no ha confirmado ninguna cifra oficial y tampoco ha comentado si admitirá las alegaciones que están presentado los propios colegios.
Los docentes alertan de la rebaja en la calidad educativa. La Administración cuenta con profesores suficientes para dar las horas de clase que calcula necesarias, pero la reducción de las plantillas tendrá otras consecuencias. Disponer de 300 profesores menos supondrá no tener suplentes para cubrir la ausencia puntual de un compañero o una baja de corta duración, que ningún profesional tenga ahoras libres para dar clases de apoyo o compensación, que los cargos directivos tengan todo el cuadro horario completo y que tengan que ejercer su cargo fuera del horario habitual, que en Infantil no haya un profesor de refuerzo por cada tres clases, como hasta ahora, o que no haya un maestro generalista en las escuelas rurales donde conviven en una clase alumnos de diferentes edades.
Estos fueron los temas que ayer debatieron los sindicatos y el Ejecutivo asturiano. En la Mesa General de la Función Pública (que es la que tiene las competencias en materia de personal) se habló de oposiciones. La Administración ofreció tres plazas más, subiendo de las 115 iniciales a 118, y dio por cerrada la negociación sin atender a las quejas de los sindicatos. En la mesa sectorial hablaron de plantillas y admitieron el recorte, en base a criterios de matrícula y horarios. Esta negociación sigue abierta y han quedado emplazados para mañana, viernes, aunque el margen de maniobra que tendrán es mínimo.
Ante esta situación, Luis Fernández León, de CCOO, califica de “brutal” el retroceso que sufre la escuela pública, con una merma de la calidad educativa y un incremento en la inestabilidad del profesorado. En términos similares se expresó Gumersindo Rodríguez, de ANPE. Rodríguez acusó a la Administración de promover el empleo “precario” y de desatender los criterios educativos a la hora de planificar el próximo curso. ANPE defiende, a pesar de todo, las oposiciones, porque piensa que es la forma de estabilizar las plantillas y recuerda que el colectivo de interinos, que “está dividido”, con un grupo que reclama la congelación y otro la oferta de empleo, defiende, como es lógico, sus propios intereses y no los generales.
FETE-UGT insiste en exigir que se cubran todas las jubilaciones con una oferta de empleo, porque la escuela pública necesita de esos puestos y porque es mejor tener docentes de carrera asignados a una plaza que profesorado interino que se ve obligado a cambiar de destino todos los cursos. Además, reclama a la consejería que atienda las demandas de personal que hacen los directores de los colegios, porque ellos son los que conocen las necesidades reales de sus centros.
La consejería sólo saca 118 plazas de maestro cuando registró casi 1.000 jubilaciones en 2 años.
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